Así lo expresaron la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur y el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina en sendas Declaraciones firmadas en La Pampa, donde se lleva a cabo la primera reunión anual de las entidades nacionales y del Mercosur, allí afianzaron su compromiso en defensa de los organismos de control público del país y la región, en pos de la defensa de estados republicanos. Los documentos también sientan precedente de defensa, ante eventuales casos que puedan darse en el resto del país.
Asur lo refirió en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada, el 31 de octubre de 2003, por Resolución 58/4 de la Asamblea General, vigente como derecho positivo en todos los Estados miembros de la ASUR, considerando que el proceso de juicio político a los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, concomitante con el tratamiento parlamentario de una modificación legislativa a procedimiento de remoción de los integrantes resulta, al menos, una señal de alarma frente a una posible afectación de la independencia, declarando en consecuencia que toda modificación de la normativa reguladora de los órganos de Control Público de los estados integrantes, debe realizarse respetando los estándares exigidos por la Convención de las Naciones Unidas.
El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, que es presidido por el vocal del Tribunal de Cuentas de San Luis, Dr. Sergio Oste, en la declaración indica que avanzar sobre sus integrantes en desmedro de la independencia institucional, es una afrenta misma al sistema republicano de gobierno.
El documento emitido también brega como autoridades máximas de los órganos de control creados por la Constitución, por la estabilidad como garantía plena de las funciones de contralor de los poderes públicos y reafirma el compromiso de asegurar la autonomía institucional de los órganos de control y sus autoridades, en pos de los poderes republicanos.