La reforma laboral se instaló en el centro de la agenda política y económica y aparece como una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con el paquete de cambios durante las sesiones extraordinarias. En este contexto, los principales referentes del sector privado comienzan a expresar sus posturas.
Una de las voces más relevantes es la de Arcor, uno de los mayores empleadores del país, que transmitió una posición contundente: considera indispensable actualizar el marco laboral para acompañar la transformación del mercado de trabajo, mejorar la productividad y promover la creación de empleo formal.
El debate cobra ritmo tras una semana marcada por tensiones económicas, anuncios de despidos en grandes industrias y señales dispares sobre la actividad. Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar acuerdos en el denominado Consejo de Mayo, ámbito que reúne a funcionarios, empresarios, sindicatos y legisladores.
La mirada de Arcor
La postura de Arcor —empresa con 20.000 empleados—, difundida por Revista Apertura, aporta uno de los diagnósticos más concretos dentro del sector empresarial. La compañía sostuvo que el país necesita avanzar hacia “un marco laboral actualizado y moderno”, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos, los desafíos productivos y las nuevas dinámicas laborales.
Además, subrayó que la reforma laboral debe acompañarse de una reforma tributaria que simplifique el sistema y alivie la carga impositiva sobre la producción, con el fin de incentivar inversiones de largo plazo. También marcó como prioritario resolver problemas estructurales vinculados a infraestructura, logística y litigiosidad, factores que limitan la competitividad, un concepto que —recordaron— forma parte esencial del ADN exportador de la firma.
Grandes empresas en el centro del debate
La discusión también involucra a compañías como Coto, Techint, Telecom, Swiss Medical, Mercado Libre, Grupo Pérez Companc, Changomás, Banco Macro o Newsan, que en conjunto emplean a unas 150.000 personas. En general, estas firmas coinciden en la necesidad de reducir la informalidad laboral, que alcanza al 43,2% según datos del Indec.
Desde la UIA, su presidente Martín Rappallini remarcó que una nueva legislación debería apuntar a mejorar la competitividad, disminuir la litigiosidad y garantizar condiciones para que las plantas industriales puedan operar sin bloqueos ni riesgos productivos.
El peso de Techint también se hace sentir en la discusión, especialmente por su importancia en sectores como el acero. En paralelo, referentes como Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, sostienen que la reforma no debería comunicarse como una pérdida de derechos, aunque advierten que la actual judicialización laboral se convirtió en “una estafa” que desalienta nuevas contrataciones.
