En un giro dramático para la causa que investiga el robo de unas 2000 hectáreas de maíz en la provincia de San Luis, el abogado querellante Pascual Celdrán anunció su renuncia indeclinable, tras lanzar duras críticas contra el funcionamiento del sistema judicial y el poder político. Con un discurso cargado de indignación, Celdrán afirmó que el proceso le demostró que «para robar hay que pertenecer al gobierno provincial», sugiriendo la existencia de un esquema de protección para los allegados al poder.
Un sistema de justicia bajo sospecha El letrado centró sus acusaciones en el fiscal de instrucción Leandro Estrada, a quien señaló por favorecer a los imputados y «castigar fuertemente a los querellantes». Según Celdrán, el fiscal ignoró pruebas contundentes sobre el traslado, comercialización y blanqueo del maíz robado, optando por dar crédito a los testimonios de los propios denunciados por encima de la evidencia recolectada.
Celdrán comparó la benevolencia judicial en este caso con otros procesos, como el de una mujer de apellido Reina, acusada de estafa con lotes municipales, a quien se le dictó prisión preventiva de inmediato. En contraste, en la causa «El Caburé», donde se investiga el uso de decretos falsos y el robo a gran escala, no se han tomado medidas similares.
Denuncias de presiones y complicidades La renuncia del abogado no solo apunta a la fiscalía, sino que escala hacia las más altas esferas del poder provincial. Celdrán denunció que la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, actúa defendiendo al acusado de robarle a la propia provincia en lugar de velar por el patrimonio público. Asimismo, señaló la presencia constante de figuras como Víctor Endeiza en los pasillos de tribunales y la presunta intervención del Procurador General, Cadelago Filippi, para increpar o presionar el accionar judicial.
El fin de una etapa Tras un año y medio de trabajo en la causa, el abogado manifestó sentir «vergüenza» y calificó la situación como «patética», asegurando que su retiro se debe a que la justicia, en este contexto, no existe. Celdrán había sido un defensor firme de los derechos de los damnificados, cuestionando incluso un pacto de confidencialidad que el Gobierno intentó imponer para bloquear el uso de comunicaciones como prueba en el expediente.
Con esta renuncia, la causa «El Caburé» queda envuelta en una profunda crisis de legitimidad, mientras la sociedad observa con desconfianza el destino de una investigación que parece chocar contra un muro de influencias políticas.
