El Concejo Deliberante de Merlo aprobó una ordenanza que prohíbe la actividad de trapitos, manteros y otras ocupaciones informales en el espacio público. La normativa incluye sanciones como multas y decomisos, pero también propone un registro de inclusión laboral con capacitaciones y programas para promover el empleo formal.
Críticos, como el exconcejal Mariano Stinga, denuncian que la iniciativa criminaliza la pobreza en lugar de ofrecer soluciones integrales. Por su parte, sectores de la oposición aseguran que el municipio debería enfocar sus esfuerzos en políticas públicas efectivas y el aprovechamiento de recursos ya existentes.