San Luis Opina – 8 de julio de 2025.
El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Boletín Oficial N.º 35.702, la disolución, transformación y fusión de 21 organismos del Estado, como parte del denominado «plan motosierra» impulsado por el presidente Javier Milei. La medida afecta dependencias clave de salud, transporte, agroindustria, seguridad vial e industria, entre otras áreas estratégicas del aparato estatal.
Según el Ejecutivo, el recorte responde a la necesidad de «reordenar» el Estado luego de detectar un «incremento desproporcionado de estructuras y personal», que pasó de 35.481 agentes en 2010 a más de 88.000 en 2024. También se aludió a supuestas irregularidades, superposición de funciones y falta de resultados concretos en algunos entes.
Organismos eliminados y destinos inciertos
Entre los organismos disueltos se encuentran la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), entre muchos otros.
Las funciones esenciales de estos entes serán absorbidas por los ministerios o secretarías correspondientes, como el Ministerio de Salud, de Economía o de Agricultura. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia y capacidad de esas carteras para asumir competencias tan amplias sin afectar la calidad del servicio.
El personal afectado conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras, aunque en muchos casos se espera una reducción significativa de planteles, tanto en la administración central como en los organismos descentralizados.
Fusiones y transformaciones: nuevos nombres, viejas funciones
Otros organismos no fueron eliminados sino reconvertidos. Por ejemplo, la CNRT se transformó en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su alcance únicamente al ámbito aeronáutico.
En salud, se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales Posadas, Sommer, Carrillo, Bonaparte y el INAREPS. A su vez, el Instituto Nacional del Cáncer se convierte en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud.
Lo mismo ocurre con organismos científicos y técnicos de peso como el INTI (Industria) y el INV (Vitivinicultura), ahora bajo la órbita de sus respectivas secretarías.
Centralización, recortes y privatización encubierta
El decreto también establece que los inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o posible venta, y que los fondos disponibles pasarán directamente al Tesoro Nacional.
En conjunto, estas medidas refuerzan la línea del Gobierno nacional de reducir la presencia del Estado en áreas clave, bajo el argumento de combatir el déficit y eliminar la burocracia. No obstante, sectores académicos, gremiales y productivos advierten que esta política puede dejar a amplios sectores sin representación, asistencia técnica o controles básicos, y que se corre el riesgo de favorecer una privatización de facto de funciones públicas esenciales.
Impacto en provincias y territorios rurales
En provincias como San Luis, donde muchos de estos organismos tenían delegaciones o articulaban políticas públicas en territorio (como el INAFCI o el INASE), la desaparición de estos entes podría generar un vacío operativo en asistencia rural, control de semillas o prevención en rutas. En la práctica, la ejecución de políticas podría verse resentida por la centralización en Buenos Aires y la pérdida de personal técnico local.
